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La impunidad en México

POR Javier Cázares

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Hace pocos días se dio a conocer que México se encuentra, en los últimos lugares del Índice Global de Impunidad 2017.

Es decir, ocupa el nada honroso lugar 66 de 69 países que fueron evaluados según el Índice Global de Impunidad 2017 (IGI) realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Sólo están peor Filipinas, India y Camerún. Lo que se midió en este estudio fue tanto el desempeño como la infraestructura en el sistema de justicia y seguridad.

Cabe aclarar que, aunque Venezuela está un poco mejor evaluado que México, se considera que es un caso especial en este estudio, pues dada la crisis que se vive en ese país, los datos que aportaron como parte de los países afiliados a las Naciones Unidas (ONU), en específico a su Oficina contra la Droga y el Delito (Onudd), es muy probable que no describan adecuadamente la realidad de su sistema de justicia.

El Índice IGI, busca revisar la funcionalidad de los sistemas de justicia, seguridad y protección a los derechos humanos de cada país, y la capacidad estructural o instalada con que cuentan para cumplir su función.

Este estudio es relevante además por la correlación que existe entre la impunidad y la corrupción, la violencia y la desigualdad. Los países que combaten más eficazmente la impunidad tienen menores índices de desigualdad, de corrupción, y sus sistemas de impartición de justicia son funcionales.

Entre las naciones que mejor fueron evaluadas con índices mínimos de impunidad también cuentan con altos puntajes en los indicadores globales de desarrollo económico y humano, tal es el caso de Bulgaria (2), Suecia (4), Noruega (5), Alemania (9) y Países Bajos (10), que se cuentan entre los 10 países con menor impunidad a escala mundial.

La baja calificación de México se debe a las serias deficiencias en la funcionalidad que presentan sus sistemas de seguridad y de justicia, ya que no proveen a los jueces y ministerios públicos con los recursos necesarios para la impartición de la misma, además los diferentes cuerpos policiacos no están adecuadamente preparados para ejercer sus funciones, su remuneración es baja, y se sigue documentando un aumento de las violaciones a los derechos humanos de la población, en especial contra periodistas.

En México se estima que se denuncian sólo 7 de cada 100 delitos; pero lo que demuestra la inoperatividad del sistema es que, de cada 10 delitos denunciados, sólo uno llega a la conclusión de su proceso, que no necesariamente implica una consignación.

México cuenta con 4 jueces por cada 100 mil habitantes, los países mejor evaluados tienen 10 veces más, de hecho, en América Latina se promedia 8 jueces por cada 100 mil habitantes. En cuanto al porcentaje del PIB que se invierte en justicia y seguridad, el promedio de inversión del PIB de los países de la OCDE es de 4 puntos, mientras que en México se invierte sólo un punto del Producto Interno Bruto en estos temas.

Ocupamos cambiar las reglas del juego, no podemos esperar mejores resultados haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Nuestro país tendrá un brillante futuro si participamos más de forma organizada, buscando así influir en la manera de gobernarlo. Muchos de nuestros problemas tienen solución si hacemos la tarea.

Hoy en día no podemos estar satisfechos cuando nos dicen que las cuentas públicas son las más limpias de la historia o que la economía nacional está mejor que nunca, ya que sabemos que el gobierno en turno se ha dedicado a endeudarnos y a gastar indiscriminadamente en sus propios intereses.

La corrupción no se tapa con un dedo o una declaración, no debemos seguir cruzados de brazos. Hagamos patria.

Acerca del autor

Javier Cázares

Consultor organizacional.

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javier.cazares@outlook.com

Twitter

@jcazares66

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