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El defensor del pueblo/Ombudsman

POR Javier Cázares

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En México es común pensar que nuestros problemas son únicos y que la mayoría de ellos no tienen solución. Criticamos a los gobiernos en turno por todos nuestros males, pero al mismo tiempo nos sentimos en un estado de indefensión e impotencia pensando que nuestra única herramienta para cambiar las cosas son las elecciones que cada tres años tenemos y en las que más de la mitad no participan, en especial los jóvenes.

Cuando analizamos qué es lo que han hecho otros países, en especial sus ciudadanos, para resolver sus problemas nos encontramos que en muchas ocasiones la capacidad de los ciudadanos de organizarse y crear instituciones que sirvan de contrapeso al ejercicio de gobierno ha sido una de las herramientas más exitosas para sacarlos de los baches en los que se han encontrado.

En el caso de Europa, el defensor del pueblo es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los habitantes ante abusos que puedan hacer los poderes políticos, en su caso, el poder legislativo de ese mismo Estado.

Esta institución procede de la Constitución sueca que estableció dicha figura en 1809 para dar respuesta inmediata a los ciudadanos ante abusos de difícil solución por vía burocrática o judicial, cuyo objetivo desde aquel entonces, era llamar a cuentas a cualquier funcionario público por no estar desempeñando su encargo a satisfacción de la ciudadanía.

En otros países se le denomina comúnmente defensor del pueblo o de los ciudadanos, mediador de la República, síndico de la comunidad, pero curiosamente en España y Latinoamérica se limitó su encargo sólo a la protección de los derechos humanos, creándose las comisiones nacionales de los derechos humanos con sus contrapartes estatales.

El concepto original y vigente de Ombudsman fue diseñado para supervisar la administración pública, ser una voz autorizada y con fuerza para reclamar a nombre de los ciudadanos a cualquier funcionario público por sus actos u omisiones, para que estos se sientan supervisados y sepan que fácilmente serán llamados a cuentas durante su encargo.

Normalmente al defensor del pueblo se le legitima democráticamente, pues en todos los casos procede de la elección parlamentaria, con mayoría cualificada y tras debate público sobre la figura del candidato. Sin embargo, es independiente del Parlamento, el cual no puede enviarle instrucciones ni cesarle, salvo por causas específicas. Lo importante del puesto es que se gane la confianza de la comunidad por su efectividad en reclamar las fallas de los funcionarios públicos.

El apoyo de la ciudadanía le da al defensor ciudadano su capacidad de control, así como la razonabilidad o persuasión de sus argumentos, por lo que adquiere un carácter más político que judicial. Sin embargo, la experiencia demuestra que buena parte de sus recomendaciones suelen ser atendidas por los poderes públicos.

En México requerimos de instituciones más fuertes que se le den viabilidad al país y sustentabilidad al ejercicio legal de la función pública. No debemos de esperar que caudillos o mesías nos vengan a arreglar nuestros problemas, la solución está en nosotros y nuestra capacidad de darnos mecanismos para acotar el poder de quienes nos gobiernan y eso no nos va a caer del cielo, lo tenemos que trabajar.

Hagamos patria.

Acerca del autor

Javier Cázares

Consultor organizacional.

Correo Electrónico

javier.cazares@outlook.com

Twitter

@jcazares66

Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

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