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La selección del Comité Anticorrupción

POR Guillermo Noriega

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Columna En la lupa

Cuando pedí consejo a un gran maestro sobre si participar o no en la implementación del Sistema Anticorrupción en Sonora me dijo: “Es tu obligación, tienes en esto desde hace muchos años y no puedes abandonar tus causas, mucho menos en tu entidad; sin embargo, ten claro que de 100 que se inscriban, cinco serán electos, quince dirán ni modo y 80 se molestarán con la decisión y contigo por ser parte de ella, aunque sea un órgano colegiado”.

Y ahora le añadiría yo, y todavía más si los elementos de transparencia por más innovadores que sean no garantizan que el resultado vaya a cumplir la expectativa de todos. Precisamente porque no existe correlación segura entre transparencia y resultados esperados.

Es decir, la transparencia en el proceso es inobjetable, aunque mejorable. Está todo ahí y los estándares que logramos incluir están muy por encima de otras elecciones similares en nuestro Estado y a nivel nacional. No me canso de decirlo: El proceso fue ejemplar… aunque el resultado sea agridulce. En otras palabras, no deja contento a nadie. Y pues, todo se complicó con algunos errores de comunicación y conducción, con actuaciones que poco ayudan a un proceso de esta naturaleza y que derivaron en la renuncia de una de las designadas que mejor puntaje tenían, de una colega de la Comisión de Selección y que un servidor haya dejado la vocería de ese grupo colegiado. Así de sensibles son estas cosas.

Desde mi óptica en el CPC deberían estar dos personas que me parecían fundamentales, pero no logré convencer de las razones de su idoneidad. Algunos de mis colegas no compartieron mi visión, así como varios no compartimos la de otros. Incluso hubo quien castigó durísimo a uno que otro, por lo que deberá dar sus explicaciones.

La importancia de que la selección haya sido por calificaciones numéricas de acuerdo a rubros ponderados es porque así se asegura lleguen los mejores calificados. En otras elecciones se definen finalistas y, desde ahí, con mucha discrecionalidad, se seleccionan los ganadores. Yo no coincido del todo con ese método.

Como elemento central de innovación están las cédulas de calificación que expertos del CIAD nos auxiliaron a diseñar. Conforme cada quien iba calificando se iba nutriendo la matriz global y arrojaba un resultado que se conoció hasta el final.

En otros procesos de selección se han hecho públicas únicamente las calificaciones de aquellos aspirantes que las han pedido por vía Ley de Transparencia y solamente se les han dado las propias. Nosotros subimos todo y ello permite que, como insisto, cada quien rinda cuentas de sus decisiones.

Ciertamente no llegaron algunos de mis favoritos, pero el resultado es el conjunto de los criterios de cada quien que se ven reflejados en promedios de acuerdo a una metodología que, vale también la pena decirlo, fue pública desde un inicio.

Por último, debo decir que no estoy de acuerdo con puritanismos de algunos que, haciendo gala de ignorancia y mala fe, señalan que aquellos que alguna vez tuvieron un contrato con algún gobierno, terminan siendo sus esclavos o cómplices de por vida.

Un médico que atiende a un político no es contaminado por su filiación o un abogado que asesora o defiende a un asesino no se convierte en su cómplice. Tampoco un proveedor o asesor de gobierno o un funcionario público es propiedad de un proyecto político por saecula saeculórum. Así no funciona esto.

Hice pública mi declaración de intereses precisamente porque no tengo nada que ocultar. No tengo ni he tenido contratos con el gobierno del Estado y, no digo que sea un pecado, pero me he abstenido de ello por mi papel en actividades cívicas. Alguno de mis socios con un organismo autónomo sí, pero de ello ya no me toca rendir cuentas mí.

Como sea, quienes sí lo tengan y vayan a desempeñar una función en el CPC deben dejarlos para evitar incurrir en un conflicto de intereses. Así de simple.

Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana lo señaló con contundencia en Proyecto Puente esta semana. El problema no es tener intereses, sino no declararlos y, muy especialmente, no tener reglas para cuidar que no exista distorsión alguna en el desempeño de su función pública.

Tomada de El Imparcial

Acerca del autor

Guillermo Noriega es licenciado en Relaciones Internacionales, exdirector de Sonora Ciudadana A.C., activista en favor de la transparencia.

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