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¿No quiere usted ser corrupto?

POR Guillermo Noriega

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A partir de ayer entraron en vigor nuevas disposiciones que cambian de forma trascendente la manera en la que se realiza tanto el servicio público como en la que nos relacionamos como privados con los gobiernos. Las nuevas reglas pueden llegar a ser rudas por una parte y, por la otra, en la nueva generación de adiciones y modificaciones a futuro habrá de pensarse en incrementar penas y considerar a algunas prácticas como delitos graves, esto para mejorar la eficacia del Sistema Anticorrupción.

¿No quiere usted incurrir en algún delito o falta? Vale la pena conocer las nuevas reglas, recuerde que el desconocimiento de la norma no le exime de su cumplimiento. En otras palabras, aunque usted no sepa y no las conozca, se le sancionará.

1.- Tráfico de influencias. Cuidado con lo que se entera y con el manejo de información sensible, con el amiguismo y el compadrazgo. Este delito implica otorgar ilícitamente contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones o franquicias que beneficien al propio servidor público, cónyuge, parientes o terceros con vínculos económicos o afectivos al servidor público. También aplica al usar información que no sea del conocimiento público para hacer inversiones o adquisiciones que le produzcan un beneficio económico indebido a él o personas relacionadas con el servidor público. Este delito puede alcanzar hasta doce años de prisión.

2.- Concusión (mordida). Este delito implica solicitar por sí o por medio de otro, dinero, valores o servicios que no sean debidos o en cantidad mayor al que exige la ley. Dependiendo del monto, puede alcanzar desde tres meses hasta doce años de prisión.

3.- Intimidación. Este delito puede alcanzar de dos y hasta nueve años de prisión.

4.- Cohecho. Este delito se actualiza cuando se solicita u obtiene (aun sin solicitarlo) cualquier beneficio para hacer o dejar de hacer un acto propio de su función. También sucede cuando un legislador que, durante el proceso de aprobación del presupuesto de egresos, solicite la asignación de recursos a favor de un ente público o la contratación de obra pública a cambio de un beneficio para sí o para un tercero (los famosos moches legislativos). Este delito, dependiendo de los montos, alcanza desde los tres meses y hasta los catorce años de prisión.

5.- Peculado. Este se actualiza cuando se distraen de su objeto original, recursos (de cualquier tipo), dinero o bienes pertenecientes al Estado para beneficio privado o de terceros. También si alguien utiliza fondos públicos para promover la imagen política o social de su persona (pueden incluirse fundaciones personales e incluso coberturas especiales en medios de eventos sociales), de su superior jerárquico o para denigrar a cualquier persona (campañas negras). El delito alcanza de tres meses y hasta catorce años de prisión, dependiendo de los montos desviados.

6.- Enriquecimiento ilícito. Se da cuando un servidor público no puede acreditar el legítimo aumento de su patrimonio, de los bienes que se conduzca como dueño (por aquello de que se pongan a nombres de otros) o de los que disponga su cónyuge y dependientes económicos directos. La sanción implica el decomiso de los bienes cuya procedencia no se logre acreditar además de una pena de prisión que va de tres meses a catorce años.

7.- Abuso de autoridad. Cuando se usan las corporaciones de la fuerza pública para impedir la ejecución de la ley, de una resolución judicial o del cobro de impuestos. Cuando se atrasa o niega un servicio a un particular cuando tenga la obligación de otorgarlo. Cuando obtenga o solicite sin derecho parte del sueldo o remuneración de sus subalternos (la famosa “rasurada”); y, muy importante, contratar o autorizar la contratación de alguien que esté inhabilitado en el servicio público o para participar en adquisiciones u obra pública. Este delito, dependiendo del caso particular, puede llegar hasta nueve años de cárcel.

Me faltaron muchos delitos y esto es únicamente en cuanto al Código Penal Federal, pero vale la pena decir que además de prisión, prácticamente todos implican cuantiosas multas. Pronto hablaremos de las faltas administrativas como el soborno, la colusión, mentir o actuar bajo conflicto de intereses.

Cierro diciendo que en determinados casos puede llegarse hasta la suspensión o disolución de sociedades privadas y que los particulares no nos salvamos de esta medicina.

Hasta la próxima.

Columna tomada de El Imparcial

Acerca del autor

Guillermo Noriega es licenciado en Relaciones Internacionales, exdirector de Sonora Ciudadana A.C., activista en favor de la transparencia.

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Guillermonoriega@gmail.com

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@elmemonoriega

Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

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