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Jueces sin rostro con familiares a su servicio

POR Luis Alberto Medina

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El término obedece a un método que se aplicó en Colombia en los años de 1980 y 1990, durante la época del narcoterrorismo de Pablo Escobar. A los jueces se les protegió sin dar a conocer su identidad.

Nadie sabía quién era el juzgador de un caso polémico que estuviera relacionado con el crimen organizado. La justificación era brindarles seguridad. Fue una época en que mataban a los jueces que tocaban algún interés que afectara a un narcotraficante. Los perseguían. Los espiaban. Eran los jueces sin rostro.

Así están en Sonora y en México pero a la inversa: Son jueces que no se conocen. No se sabe quiénes son. Cuánto ganan. Qué hacen. Cuántas horas trabajan. Qué casos llevan. Y tampoco les interesa rendir cuentas.

Lo único que sabemos de los encargados de impartir la justicia, en el Estado, por ejemplo, es que se mandaron a construir nuevas oficinas federales sobre la calle Doctor Paliza en Hermosillo, nuestra capital. Blindadas. Modernas. Equipadas.

Ahora nos enteramos de ellos por una investigación nacional que nos dice que contratan a sus parientes en el trabajo. El tema no es nuevo. Pero hoy está documentado. El periodista Raúl Olmos, de la organización nacional, Mexicanos Contra la Corrupción, presentó el estudio del Consejero de la Judicatura, Felipe Borrego, el cual desnuda el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación.

Tras exponerlo en Proyecto Puente, Olmos señala que ya se le conoce como el Poder Familiar de la Federación. Una práctica común. Arraigada. Que avala a una parentela en el servicio público: son al menos 500 jueces y magistrados de todo el país que tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, padres, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras.

Los datos duros son contundentes: en el reporte se enlista que 112 jueces y magistrados utilizaron sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás.

El estudio revela que hay, además, otros 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes. El documento no revela cuánto es el monto del costo en salarios que se paga al mes. Tampoco nombres o niveles.

Así dice textualmente el diagnóstico elaborado por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego, por el que se justifican estos excesos: “Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Así lo establece el artículo 97 de la Constitución. Esa disposición legal fue concebida para garantizar la autonomía de los jueces, pero ha sido desvirtuada para el nombramiento discrecional de parientes”.

Un abuso de poder para contratar discrecionalmente y sin medida, dentro del poder que juzga lo abusos de poder en la sociedad. Así de paradójico y contradictorio nuestro sistema judicial.

Sonora: de los peores

El caso de nuestro estado es emblemático. De acuerdo a Mexicanos Contra la Corrupción, en Sonora, que representa el quinto de 31 circuitos, de 38 magistrados, 13 tienen parientes trabajando en el Poder Judicial Federal, lo que representa el 34.21%.

De ellos, cuatro contrataron a sus parejas o exparejas, cuatro a sus hijos, dos a sus papás y tres a sus hermanos, dice Raúl Olmos. De los mil 178 empleados del Poder Judicial de la Federación en Sonora, 562 tienen a algún pariente trabajando ahí, lo que representa un 47.71%. Casi el 50%.

¿Desde cuándo? De toda la vida, al parecer. Los usuarios de redes sociales se indignaron. La gran mayoría reprobó la práctica pero muchos también señalaron que no es nada nuevo. Y empezaron a llegar nombres de diferentes juzgados que lo hacen en Sonora.

Deuda histórica

Es la que siempre han tenido los jueces con los ciudadanos en Sonora y México. Ahora el Nuevo Sistema de Justicia Penal flexibiliza la pena de delitos, y, además, permite conocer en audiencias públicas, en algunos casos, al juez.

Pero a lo largo de la historia, el juez es un perfecto desconocido para los ciudadanos. Nadie puede acceder a ellos. En algunos casos se prestan a fuertes suspicacias y cuestionamientos que jamás aclaran. Para muestra está el desarrollo legal del acueducto Independencia en el sexenio pasado: juzgados emitían, documentaban, dictaban, sin dar la cara sus titulares. Una guerra legal de cuatro años de la cual nunca dio la cara un juez, local o federal, para explicar qué estaba detrás de cada decisión.

El Consejo de la Judicatura respondió a nivel nacional, mediante un boletín, que revisaría el estudio. En Sonora, sigue el silencio, los jueces sin rostro y la deuda histórica con ciudadanos.

Columna tomada de El Imparcial

Acerca del autor

Luis Alberto Medina es director de Proyecto Puente, noticiero en Internet. Coordinador de Periodismo de la Universidad Kino. Premio Nacional de Periodismo 2014. Corresponsal nacional de Denise Maerker en Atando Cabos.

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