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Esperan 59 mexicanos ejecución por sentencia de muerte en Estados Unidos

POR Priscila Cárdenas

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De 1979 a 2014 Estados Unidos sentenció a muerte a 59 mexicanos que a la fecha esperan ejecución o indulgencia en Arizona, California, Florida, Georgia, Nevada, Oregon, Pennsylvania y Texas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) todos fueron acusados de homicidio en diferentes modalidades.

Los connacionales provenientes de Baja California ocupan el primer lugar con 9 casos, de Jalisco hay 8, así como 3 de Michoacán y 3 Chihuahua.

Son 5 originarios de Sinaloa, 4 de Guerrero y hay 2 de Sonora, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Zacatecas y Nuevo León.

Los datos obtenidos mediante la Ley de Transparencia destacan que también están un connacional de Oaxaca, Coahuila, Colima, Aguascalientes y Morelos.

¿Qué hicieron?

El delito de homicidio combinado con robo o abuso sexual se repite en los expedientes de los 59 connacionales que serán ejecutados en Estados Unidos.

El registro entregado por la SRE muestra que a 26 de los sentenciados se les señala de cometer asesinatos múltiples.

Hay 6 acusados de matar policías, crimen que de acuerdo con Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, automáticamente se castiga con pena de muerte.

“Muchas veces en la Unión Americana si el delito es contra una autoridad casi en automático es la sentencia de muerte, sobre todo para afroamericanos y latinos, es un sesgo importante”, destacó.

Barrón Cruz agregó que al privar de la vida a una autoridad se aplica “todo el rigor de manera indiscriminada”, pues se corre el riesgo de que acusen a gente inocente.

El investigador lo define como que “buscan la manera de quedar bien haciendo investigaciones rápidas y se condena a alguien que después resulta que no fue”.

¿Cuándo los condenaron?

Los datos del Centro de Información de Pena de Muerte, (DPCI por sus siglas en inglés), muestran que la pena capital fue reinstalada en Estados Unidos en 1976.

Según Alejandro Solalinde Guerra, sacerdote y defensor de los derechos humanos de los migrantes, puede estar influyendo la discriminación al momento que dictan la sentencia.

“Los mexicanos no son los únicos que condenan a muerte en Estados Unidos, pero sí el número más elevado”, comentó.

El activista aseguró que las sentencias de muerte han sido implacables y que las autoridades estadounidenses no han querido ceder por indulgencia o por cambio.

“Es lamentable y no dudo que más de un caso tenga una carga de racismo y discriminación, lo que llamamos en México cadena perpetua allá le llaman vida”, recalcó Solalinde Guerra.

Primeras sentencias de muerte

Tres años después que Estados Unidos restituyó la pena capital, en 1979, sentenciaron a muerte al primer mexicano: César Fierro Reyna.

El hombre originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, tiene 38 años esperando su ejecución en Texas, a donde llegó por asesinar a balazos a un taxista.

En 1980 se dictó la misma sentencia a Carlos Avena Guillén, originario de Tijuana, Baja California, acusado de doble asesinato y robo.

Para 1985 se sumó a la lista Héctor Juan Ayala Medrano, acusado de ser el asesino de 3 personas en California durante el robo a un taller mecánico.

El michoacano Omar Fuentes Martínez ingresó al pabellón de la muerte 1988 por privar de la vida a un hombre por problemas de dinero en California.

Tanto Alfredo Valdés Reyes, de Chihuahua, como José Lupercio Cásarez, de Michoacán, fueron sentenciados en 1989, ambos por homicidio y robo, los dos en el estado de California.

El “boom” de la pena capital

De 1990 a 1999 un total de 31 mexicanos fueron condenado siendo 1997 el año en que se registraron más casos de connacionales en el pabellón de la muerte.

En 1990 se dictó sentencia a Sergio Ochoa Tamayo, originario de Baja California, por asesinar a 2 en una riña de pandillas y en 1991 a Tomás Verano Cruz, de San Luis Potosí, por homicidio de un policía.

En Texas se encuentra interno Roberto Moreno Ramos desde 1992. El hombre originario de Aguascalientes fue recluido por matar a su esposa y a sus dos hijos.

Durante 1993 hubo 4 casos: Alfredo Valencia Salazar e Ignacio Tafoya, originarios de Baja California, Vicente Benavides Figueroa, de Jalisco y Magdaleno Salazar Nava, de Zacatecas.

Todos fueron sentenciados por homicidios y robos, salvo Vicente Benavides Figueroa, quien fue identificado como quien violó y mató a un bebé de 21 meses.

En 1994 se dictó juicio a 5 connacionales, entre ellos a Dora Gudiño Zamudio, quien a la fecha es la única mexicana en el pabellón de la muerte.

La mujer originaria de Jalisco fue señalada del homicidio de sus tres hijos, quienes tenían 9, 8 y 4 años de edad.

Ese mismo año fueron condenados a muerte Daniel Covarrubias Sánchez y Jaime Armando Hoyos, de Baja California, así como Carlos Pérez Gutiérrez, de Guanajuato y Jorge Contreras López, de Michoacán.

Varios por año

En 1995 hubo 2 casos de mexicanos con pena capital: Horacio Alberto Reyes Camarena y Luis Alberto Maciel Hernández, ambos provenientes de Jalisco presentados por asesinato.

En 1996 se condenó a Samuel Zamudio Jiménez, de Chihuahua y a Martín Mendoza García, originario de Jalisco. Zamudio mató a una pareja, Mendoza asesinó a 3 niños.

En 1997 hubo 8 sentenciados: Ramiro Ibarra Rubí, de Zacatecas, acusado de violación y homicidio, Juan Ramírez, de Chihuahua, por asesinato y Rubén Ramírez, de Guanajuato, por secuestro, asesina-to y abuso sexual.

Ese mismo año enjuiciaron a Marcos Esquivel Barrera, de Guerrero, por matar a sus hijos de 2 y 5 años de edad, así como Félix Rocha, de Michoacán, por asesinar a 3 personas.

También en 1997 fue acusado Enrique Parra Dueñas, de Nayarit, por privar de la vida a un policía y Juan Ramón Sánchez, de Sonora, por violación y asesinato de 2 mujeres.

En 1998 se registraron 3 casos: Juan Manuel López Hernández, de Jalisco, por homicidio de un joven, Arturo Juárez Suárez, de Michoacán, por homicidio y violación y Juan Carlos Álvarez Banda, de San Luis Potosí, por homicidio de 5 en riña de pandillas.

Víctor Miranda Guerrero, de Morelos, Edgar Vargas Baroncio, de Nuevo León y Pedro Hernández Alberto, de Oaxaca, llegaron al pabellón de la muerte en 1999 por violación y asesinatos.

Crímenes pasionales y robos

En el año 2000 sólo hubo un caso, el de Albert Carreón Martínez, quien asesinó a un hombre y lesionó a su novia en Phoenix, Arizona.

Huber Joel Mendoza Novoa y Joel Escalante Orozco fueron condenados en el 2001. Mendoza fue señalado de asesinar a su suegra, a un primo de su esposa y a un hombre. Escalante Orozco violó y mató a una joven.

En el año 2002 en el estado de Nebraska recibió sentencia de muerte Jorge Galindo Espriella, originario de Tamaulipas, señalado de asesinar a 4 empleados de un banco en un asalto.

Durante el 2003 se contabilizaron varios casos, como Jesús Penuelas, condenado por violación y asesinato y Adrián Camacho Gil, sentenciado por homicidio de policía.

También en el 2003 fueron presentados José Luis León Elías, por asesinar a la abuela y al hermano de su novia y Santiago Martínez Alonso, por homicidio de 2 mujeres.

En el 2004 recibieron condena Miguel Enrique Félix Burgos, Santiago Pineda Hernández y Carlos Martínez Mendívil, este último originario de Sonora y acusado de asesinar a 2 ancianos.

En la actualidad

Juan Lizcano Ruiz, de Chihuahua, llegó al pabellón de la muerte en Texas en el año 2005 por homicidio de un policía y Ricardo Serrano Pineda, en el 2006, por matar a su novia y a 2 niños.

En el 2008 sentenciaron a Miguel Padilla Lozano, en Pennsylvania, por asesinar a 3 personas al salir de un bar y en California a Víctor Manuel Rojas y Pedro Espinoza Dávila, ambos por homicidio.

Durante el año 2009 en Texas fue encarcelado Areli Escobar Carbajal de abuso sexual y homicidio, mientras que en Atlanta sentenciaron a Pablo Maldonado Zequeida, por asesinato.

El último mexicano al que se le ha dictado a la pena de muerte es Francisco Beltrán Meza, quien en el año 2014 le disparó a un hombre en la calle. Está preso en California.

De acuerdo con la base de datos del Centro de Información de Pena de Muerte, (DPIC por sus siglas en inglés), al 10 de febrero del presente año no se han programado ejecución de mexicanos para el 2017.

¿Quién los defiende?

Para defender a los 59 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos la Secretaría de Relaciones Exteriores implementa el programa de Asistencia Jurídica para Casos de Pena Capital.

El proyecto, (MCLAP por sus siglas en inglés), frena que los connacionales que están enfrentando la pena capital sean ejecutados.

El abogado responsable es Gregory Kuykendall, con ejercicio en Tucson, Arizona, quien dijo a Proyecto Puente no tener autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar información.

“Como abogado no puedo hablar con la prensa sin el permiso de mi cliente, la Secretaría de Relaciones Exteriores, desgraciadamente no puedo hacer una entrevista”, comentó el abogado.

Intentan trasladarlos

Mediante una solicitud de acceso a la información pública la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó que mantienen contacto con los 59 condenados.

Los datos señalan que “se realizan esfuerzos para influir en las autoridades extranjeras para que no se les imponga la pena capital y ésta sea conmutada en otra prisión”.

La CNDH indica en el documento que la Tercera Visitaduría General se encarga de que tengan asistencia consular y jurídica, así como de dar seguimiento con los familiares.

“México, al igual que otras naciones del mundo rechaza la pena de muerte por tratarse de una sanción cruel e inhumana y porque su aplicación imposibilita la corrección de errores jurisdiccionales si después de su aplicación se demostrara la inocencia del inculpado”, señala el documento.

No pueden extraditarse

Por su parte, el abogado Ignacio Pinto León comentó que los connacionales con pena capital no tienen posibilidad de ser extraditados, pues la pena capital no existe en México.

“No puede un mexicano sentenciado a muerte pedir la pena en otro lado, no aplica en México, no es trasladable la sentencia, pero no se descarta”, explicó.

El abogado dijo que hay casos de extranjeros que cometen un delito en México y que solicitan compurgar su pena en su propio país y mucha veces sí se concede.

¿Y si son inocentes?

Martin Barrón Cruz quien comentó que “la pena de muerte no disuade que las personas cometan delitos y tampoco elimina el que cometieron”.

El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, detalló que de 1976 a la actualidad suman 150 personas que fueron condenadas a muerte y resultaron ser inocentes.

“Es un dato espeluznante, fueron absueltos pero ya habían sido ejecutados, eso da una idea de los errores en el sistema judicial estadounidense, son 150 que no habían cometido delito”, apuntó.

Oscar Serrato Félix, impulsor del Código de Familia en el estado de Sonora, coincidió con el investigador al comentar que “la muerte no inhibe el delito que cometió la persona”.

Dijo que la pena de muerte no funciona para efectos prácticos, pues la sociedad o las víctimas no ganan nada cobrando una venganza de ese tipo.

“Yo no creo que la pena de muerte le haga justicia a las víctimas, lo único que viene a satisfacer es una sed de venganza, porque sigue habiendo delitos”, consideró Serrato Félix.

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