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¿Cuál es la ruta para atender la seguridad pública en México?

POR Felipe Mora Arellano

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A diez años de iniciada la guerra contra el narcotráfico, un interesante estudio aparece en el marco de la discusión sobre si las Fuerzas Armadas (FA) deben seguir en las calles cubriendo las funciones de las policías; de la reiterada solicitud del secretario de la Sedena de regresar a los cuarteles; y de si se requieren cambios constitucionales para legitimar su operación y de ir más allá de ello.

Se trata del número 39 de Temas estratégicos titulado “Seguridad interior: elementos para el debate”, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, de la segunda quincena de enero del presente año.

El Instituto es un “órgano especializado en investigaciones legislativas aplicadas cuyo propósito es contribuir a profesionalizar el quehacer legislativo y a que la ciudadanía disponga de información que le permita conocer y examinar los trabajos del Senado”.

El tema del que se ocupa este número  es central. En primer término, señala que a la fecha no ha quedado claro ni tampoco justificado, el hecho de que el expresidente Calderón haya iniciado esa guerra involucrando a las Fuerzas Armadas (FA) en tareas de seguridad pública.

Según el estudio, el entonces presidente FCH no sólo no presentó diagnóstico alguno que mostrara que entonces existió una <crisis de seguridad> y una <ola de violencia> que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las FA de carácter permanente entre 2006 y 2007.

Por el contrario, se aportan cifras de que la violencia venía decreciendo –salvo en Michoacán- hasta antes del inicio de la declaratoria de guerra. Cuando esta ocurre, la violencia se incrementó en las entidades de los operativos y en el país.

Así, lejos de terminar con ella, el despliegue permanente de las FA la incrementó. Más aún, el estudio muestra el aumento de quejas en contra  de aquellas (Sedena, Semar, PFP, PGR) presuntamente violadoras de derechos humanos (detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, tratos crueles y degradantes, cateos y visitas domiciliarias ilegales) presentadas ante la CNDH. Asimismo, el estudio proporciona  elementos de que el recurso de las armas se hizo en ciertos casos con criterios políticos.

El estudio referido analiza detenidamente tres iniciativas de Ley de Seguridad Interior que se han presentado (del senador Roberto Gil Zuarth –PAN- del 13 de septiembre de 2016; los diputados César Camacho y Martha S. Tamayo –PRI- del 27 de octubre de 2016; y del senador Migue Barbosa –PRD- del 11 de enero de 2017). Señala que son redundantes e innecesarias en muchos de sus preceptos, puesto que lo que proponen ya está establecido en diversos apartados constitucionales y resultaría innecesaria una nueva Ley.

Y lo más grave, que dos de tales iniciativas (del PRI y del PAN) facultan a las FA para legitimar su intervención para controlar <actos de resistencia no agresiva> por parte de la población.

O sea, actos de naturaleza pacífica, medidas cuestionables porque, a decir del estudio, nuestro marco constitucional sólo faculta el uso de la fuerza pública en contra de civiles en casos sumamente restringidos, y nunca en contra de la población que realiza actos de naturaleza pacífica (p. 15).

El estudio muestra también la aparente confusión y falta de claridad de tres conceptos fundamentales empleados por las iniciativas. Se trata de la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública.

Al respecto el estudio señala que los cambios que provocan traslapes o confusiones en materia de las seguridades nacional, pública y del interior, son parte de la expansión de un régimen de restricción de derechos, establecido en la Constitución (art. 19) para combatir el narcotráfico y la delincuencia (p.24).

En suma, se trata de un documento que, además del análisis, proporciona importantes elementos para transitar por dos caminos: una ruta difícil y larga pero que aseguraría disminuir la violencia ocasionada por el narcotráfico y atender otras de distinta naturaleza y que han ido en aumento.

Y otra, más fácil y sencillo de recorrer: incrementar las atribuciones de las FA para atender cuestiones de seguridad pública, es decir, dar sustento legal a acciones que, de facto, ya suceden todos los días en el territorio nacional.

Mientras, el número de muertes se incrementa día con día. Como referencia, Leo Zuckermann apunta que  en 50 meses del gobierno de EPN se cuentan 47 mil 677 homicidios relacionados con el crimen organizado, un promedio de 27 por día.

Y las FA, a querer o no, siguen en las calles. Según lo dicho por el secretario de la Sedena (5 de diciembre de 2016), se mantiene un promedio diario de 52 mil elementos desplegados y durante 2016 se realizaron 54 operaciones regionales para reducir la violencia y se desplegaron 75 puestos militares de seguridad.

Acerca del autor

Felipe Mora Arellano es profesor de tiempo completo del Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora.

Correo Electrónico

fmora@sociales.uson.mx

Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

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