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Nogales, donde el tren pita

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En relación a la participación de las fuerzas del orden público, veamos lo sucedido en la ciudad de Nogales, Sonora.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios es muy clara, en ella encontramos las formas y procedimientos a las que deben apegarse estrictamente quienes ejercen la función pública, entre ellos trabajadores como policías estatales, municipales y sus jefes inmediatos.

La disolución de una manifestación pública a través del uso de las armas es un delito mayor, quien dio la orden de disparar al aire ante la ciudadanía nogalense que se manifestaba en contra del llamado gasolinazo el pasado domingo 8 de enero, debe ser denunciado ante la autoridad competente.

El visible delito difundido a través de redes sociales, en mi opinión, no es solamente detonar armas de fuego a una manifestación pacífica, también lo es declarar con falsedad ante los medios de comunicación y negar lo sucedido en la concentración.

En días posteriores a la manifestación del 8 de enero escuchamos en los noticieros radiofónicos y televisivos al secretario de Seguridad Pública Estatal, negar absolutamente el uso de balas de salva en la manifestación; sin embargo, los videos y declaraciones de los ahí presentes lo desmienten, entre ellas las declaraciones del corresponsal periodístico Hiram González Machi y un sinfín de participaciones de ciudadanos que muestran en videos la evidencia en flagrancia a policías disparando al aire.

Disparar al aire en manifestaciones pacíficas causa pánico entre los presentes, provoca enfrentamientos de choque y pone en riesgo la vida de policías y manifestantes. Si en la manifestación existen personas que provocan desorden, entonces las fuerzas del orden público deben actuar de manera pacífica y con servicios de inteligencia hacia esas personas, pero nunca contra la manifestación pacífica y menos con armas de fuego porque el impacto del sonido es escalofriante en quienes lo reciben.

Está claro que sí, si se usaron armas de fuego disparando al aire, reconocerlo y fincar responsabilidades es lo más sano para la autoridad y para una sociedad como la nuestra, pues la falsedad de declaraciones ante la opinión pública por parte de un funcionario es muy grave incluso motivo de destitución. Y conlleva a aumentar más la pérdida de confianza en las autoridades.

“La mentira como la conocemos comúnmente, es una afirmación que una persona hace conscientemente de lo que no es verdad, y esperando que los oyentes le crean, de forma que se oculte la realidad en forma parcial o total. En función de la definición, una mentira puede ser una falsedad genuina o una verdad selectiva, exagerar una verdad, si la intención es engañar o causar una acción en contra de los intereses del oyente”.

Pregunto: ¿Las autoridades buscan engañar o causar una acción contra los intereses de “los oyentes” ciudadanos?

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos cita  en su artículo quinto: “Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, y con apoyo en pruebas suficientes, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, o ante las autoridades que señala esta ley, por cualquiera de las conductas y contra los servidores públicos mencionados en el Título Sexto de la Constitución Política del Estado de Sonora. No se admitirá la intervención de apoderado jurídico para la presentación de las denuncias a que se refiere este artículo. Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto”.

Por ello, yo creo que siempre lo correcto es presentar denuncias de todos los abusos de autoridad, creo que solo los perjudicados por estas conductas tenemos la oportunidad y obligación de contribuir a que la función pública mejore, y más aún en este caso, que el derecho a la libre manifestación prevalezca, que el respeto hacia los ciudadanos por manifestar sus ideas y negativas a implementar decisiones como el gasolinazo, se realicen pacíficamente con todos los derechos ciudadanos que implican. De lo contrario si no denunciamos, nuestros derechos retroceden.

Usar la mentira en declaraciones públicas es un delito  moral y público.

La observancia ciudadana y la participación con evidencias como los videos de los disparos, es vital para que las condiciones de vida y respeto en la ciudad de Nogales, Sonora se consoliden, ciudad fronteriza que por desgracia ha sido embestida por todas las rabias de la pobreza y la delincuencia organizada.

Los hechos en Nogales a través de la observancia ciudadana tumban las declaraciones del encargado de seguridad pública en el estado de Sonora. Los videos no mienten.

Nogales, Sonora, México, mi ciudad. Históricamente heroica, de mujeres y hombres que fundaron entre los cerros el pueblo que como los arboles reverdece y suelta sus hojas en el otoño para recibir en el invierno la blanca nieve. Pueblo que espera a que el tren pite para correr hacia las vías del tren y ver pasar en peregrinación a su fría virgen. Marcha que une a los nobles obreros al ritmo de la banda de guerra que  acuden cual fieles feligreses a orar a sus santos, así unidos en peregrinación, en marcha, en protesta, como en derechos, como en justicia reclamada, los nogalenses son.

La observancia ciudadana y la participación son vitales para el funcionamiento de sociedades justas. Así es.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.- Wikipedia.-

Acerca del autor

María Dolores Rodríguez Tepezano es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora; pasante de maestría en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional; promotora en Gestión Cultural por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; fundadora de la Red Sonorense por la Defensa de los Derechos Humanos Laborales.

Correo Electrónico

mariadolores_tepezano@hotmail.com

Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

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