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Marcha silenciosa

POR María Elena Carrera

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Cuando las palabras ya no sirven para expresar todo aquello que nos lastima, inquieta o preocupa, queda el silencio.

El panorama que ofreció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio – Sonora (OCNF/Sonora) a través de cifras recopiladas con esfuerzo y mucho trabajo de Silvia Núñez Esquer, nos revela lo siguiente: en lo que va del año este Observatorio ha documentado 38 feminicidios de mujeres y niñas.

Los municipios con mayor incidencia son: Cajeme con 8 casos, Hermosillo con 6 y Nogales con 4. Las edades de las víctimas se concentran en los siguientes rangos: de 21 a 30 años se registraron 30 casos; de 31 a 40 años, 7 casos; de 0 a 10 años, 5 casos, y de 41 a 50 años otros 5 casos.

Las cifras son escalofriantes si se consideran los años que van desde 2005 hasta 2016, ya que el OCNF/Sonora ha documentado 527 feminicidios en el Estado a pesar de que en nuestra entidad las organizaciones de la sociedad civil impulsaron, desde todos los frentes, la armonización del Estado con relación a la legislación nacional para aprobar en 2007 la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en 2008 la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres.

Ambas leyes dieron la pauta para avanzar a las modificaciones del Código Penal del Estado para tipificar, en el 2013, el feminicidio, y en el 2016 el Protocolo de Investigación del feminicidio. Pero a pesar de todo lo anterior existe una resistencia institucional para actuar conforme a todo este bagaje legal.

Pero no sólo los gobiernos han sido omisos a nivel federal y local, también es reiterada la pregunta del porqué fue necesario tipificar el feminicidio por parte de un amplio sector ciudadano, si se trata de un homicidio tal como les pasa a los hombres cuando los matan.

La respuesta insistente de los grupos de mujeres, cercanos al tema, lo que explicamos es que la violencia extrema hacia las mujeres que les causa la muerte son por razones totalmente distintas a los homicidios que se comenten en contra de los varones.

La cifra no miente, la Secretaría de Gobernación nos da la razón al explicar en su página institucional en Internet lo siguiente: “Una de cada tres mujeres del mundo sufre violencia durante su vida, a menudo a manos de una persona conocida, querida y en la que confía. Casi la mitad del total mundial de mujeres víctimas de homicidio en 2012 fueron asesinadas por su compañero sentimental o por algún familiar”

Esta es la razón por la que el homicidio por razones de género se tipificó como feminicidio.

Pero lo peor no acaba con que la ciudadanía, muchas veces ignorante de las leyes y sus avances, manifieste esta poca cultura legislativa sino que todo un entramado de servidores o servidoras públicas y que tienen como tarea proteger de la violencia a mujeres actúen como si la Ley no hubiera cambiado.

Ignorantes de que existe una tipificación de feminicidio y que no se apeguen al protocolo de investigación elaborado ex profeso por mujeres que desde la ciudadanía apoyadas por expertos y expertas en el argot legislativo lograron que se aprobara este año, en el caso de Sonora.

La violencia hacia las mujeres, argumenta la Segob, conlleva, además, altos costos económicos: “Un estudio reciente calculó que la violencia infringida por un compañero íntimo representa un gasto del 5.2% de la economía mundial”.

Que mal, por cierto, que la propia Segob, en su texto sólo use ejemplos de otras naciones en relación a los costos de las violencias hacia las mujeres. Habla de Vietnam y el Reino Unido, bien porque esos países con cifras saben cuánto afecta a sus presupuestos la violencia. En Reino Unido, en 2009, “incluidos los gastos relacionados con los servicios, la pérdida de rendimiento económico y los costos humanos y emocionales, sumaron 16,000 millones de libras esterlinas”.

La marcha silenciosa de ayer martes 22 exige #AltoAlFeminicidio pero también sería importante que la autoridad que está al frente del compromiso de generar información confiable el Banco Nacional de Víctimas (Banavim) haga ya su trabajo.

María Elena Carrera es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Iztapalapa; experta en temas de seguridad; coordinadora nacional y fundadora de Mujeres y Punto A.C. e integrante del Comité Ciudadano de Evaluación al Desempeño Legislativo. @MariaElenaC5

Acerca del autor

María Elena Carrera es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Iztapalapa; experta en temas de seguridad; coordinadora nacional y fundadora de Mujeres y Punto A.C. e integrante del Comité Ciudadano de Evaluación al Desempeño Legislativo.

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Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

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