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Del cardenal arrepentido a los indicios de un juez

POR Felipe Mora Arellano

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En días pasados, Juan Luis Cipriani, cardenal peruano, declaró en su programa radial sabatino que hay “medios de comunicación que constantemente difunden violencia contra la mujer y también que difunden ese abuso del cuerpo, como atracción física carnal en horarios y de maneras muy sutiles”.

Asimismo dijo que éstos “Van creando toda una situación que luego las estadísticas nos dicen que hay abortos de niñas, pero no es porque hayan abusado de las niñas, son muchas veces porque la mujer se pone como en un escaparate, provocando”.

Las críticas no se hicieron esperar; autoridades peruanas y representantes de organismos de los derechos de las mujeres se le fueron a la yugular, como suele decirse.

Lo más reprobado fue su referencia a que las niñas son abusadas y luego abortan, porque provocan a los hombres, se dan a desear.

Tan fuertes fueron las críticas que el cardenal debió pedir perdón públicamente ya que consideró desafortunadas sus declaraciones.

“Les pido perdón a quien pueda haber sido maltratada, a quien pudo haberse sentido ofendido con unas opiniones o declaraciones que son desafortunadas”, dijo el cardenal en su visita a la sede del hogar Gladys en El Agustino, donde se brinda apoyo a las mujeres que han sufrido violencia, maltrato y abandono durante el embarazo.

Pidió aceptasen el perdón y que, en referencia a la oración Padre Nuestro, él también perdonaba a quienes lo habían insultado de manera injusta y en forma calumniosa. Prometió seguir trabajando por el bienestar de tantas mujeres y niñas que ahora están desamparadas y requieren ayuda.

Una de las críticas que recibió el cardenal Cipriani provino de la ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, quien señaló que “el único escaparate que conocen estas niñas (víctimas de abuso sexual), cuatro diariamente (en Perú), es el de la humillación, de la vergüenza, de la violación”.

El tema no nos es desconocido en nuestra ciudad y país. Con una diferencia de semanas, los medios dieron cuenta de casos de niñas y adolescentes conducidas por hombres mayores a la prostitución en el centro de esta capital, y el de otra menor violada en el poblado Miguel Alemán, municipio de Hermosillo.

Ambos casos con una repercusión de considerables dimensiones, pero especialmente el segundo que fue nota internacional.

Las palabras del cardenal peruano, de que ellas son las que provocan, recuerdan los comentarios de propios extraños locales en torno a las niñas llevadas a la prostitución.

Hubo quienes pusieron más énfasis en que las adolescentes acudían al sitio de manera voluntaria sin reconocer que primero fueron seducidas mediante “obsequios monetarios” para engancharlas.

Y más aún, que fue un hecho que muchos adultos vecinos observaron y que calificaron como <un secreto a voces> de que las estaban prostituyendo.

Ahí se conjuntan dos fenómenos, el de la pobreza y el derecho a tener acceso a ciertos bienes –el contar con un celular y la compra de tiempo-aire, por ejemplo, como se dice por donde inició el enganche-, y las características propias de su edad, de desenvoltura y precocidad.

En lo referente a la pobreza, del hecho de aprovecharse de esta para convertir en objetos sexuales a unas menores, se trata de una verdadera infamia. El de las características propias de la edad, tiene que ver con una lectura que traduce que la manifestación de su femineidad es expresión de deseo, de provocar a los hombres, de darse a desear, como leyó y calificó el cardenal “arrepentido”.

Por su parte, en el caso de la adolescente violada hay tres lecturas, una de la víctima y su padre, y dos de las autoridades.

El padre, un jornalero según se indica en las notas periodísticas –y no es menor cosa para quien sabe cuál es la condición de pobreza de este sector del proletariado agrícola-, y la hija, sostienen que fue violación.

Una autoridad así lo observó primero, pero ciertos “indicios” llevaron a otra a leerlos como una acción consentida por la menor.

Como no hubo violencia física y como ella dio su consentimiento, el juez calificó el hecho de estupro. Por ende, según las leyes de los hombres de nuestra entidad, se le prohíbe y se le castiga abortar, y a otras instancias –la de salud, por ejemplo- a practicárselo por estricto apego a derecho.

En Estados Unidos, por ejemplo, a este fenómeno conocido como statutory rape, se considera que cualquier relación sexual con una persona menor de dieciocho años es delito. En muchos otros, también.

Tenemos entonces que un adulto seductor que vence toda posible resistencia argumentativa de una menor, aprovecha su familiaridad y cercanía como recurso, no requirió hacer uso de la fuerza.

Pero es conocido que si esos recursos no resultan eficaces, la víctima es sometida por la fuerza y posteriormente amenazada si revela el hecho. Situación que sume a las mujeres, de esa y aún a las de mayor edad, en estados de depresión y vergüenza que en ocasiones las lleva al suicidio. Y si el hecho es del conocimiento familiar y público, hay quienes la culpan de haber provocado la violación.

En este sentido, y hasta donde conocemos del caso, qué bien que el padre jornalero se haya atrevido a denunciar y a superar la vergüenza que suele acompañar a los familiares cuando eso ocurre. Y mejor aún, que distintas organizaciones se hayan involucrado en el caso y salido en su defensa y apoyo.

Con todo, me quedo con el deseo de conocer las líneas que el juez leyó –con una lectura de género aunque él pudiera decir que se atuvo al derecho objetivo- y en las cuales vio indicios del consentimiento de la menor.

¿Habrá considerado la estrategia del adulto para arrancar ese consentimiento? Sospecho que no, sobre todo si el juzgador se mueve en la lógica masculina, esa que dice que en el “amor” y en la guerra todo se vale.

Antes de cerrar esta contribución leo que la gobernadora Pavlovich ha enviado una solicitud a la Consejería Jurídica del estado para que se derogue el delito de estupro y sea violación.

Llegado el momento, y esperemos que sea muy pronto, el Congreso habrá de debatirlo. Ojalá vaya bien fundamentada la iniciativa, porque no es de dudarse que habrá confrontación porque aún existen posturas que tratan de imponer limitaciones y establecer controles al cuerpo de las mujeres. El caso del Congreso de Veracruz y su reciente ley antiaborto es un ejemplo.

Los medios han informado que de las oficinas de la ONU y organizaciones sociales han exigido la intervención de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, de “suspender el inminente proceso de reforma al cuarto constitucional en Veracruz, que promueve “garantizar el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte”.

Le han advertido, también, de los riesgos en que se encuentran niñas, pues en 2015 487 pequeñas de entre 10 y 14 años se les negó su derecho a interrumpir su embarazo, a pesar de ser producto de una violación sexual, en tanto que 66 mujeres fueron encarceladas por abortar.

Justamente en la entidad de donde proviene Citlali (la niña violada de la etnia wixárikas o wixáricas, conocidos en español como huicholes), en Nayarit,  el mismo secretario de Gobernación, llamaba en días pasados a hacer un frente común para poner un alto a esa violencia que sufren todavía muchas niñas y mujeres, jóvenes en su mayoría, en muchas comunidades indígenas del país.

Pero mientras eso ocurre, Citlali debe ser apoyada –y apoyar a su padre jornalero agrícola en sus gestiones-  en su voluntad de decidir cuándo tener o no, un embarazo, de manera consciente, deliberada y eligiendo con quién tenerlo.

Felipe Mora Arellano es profesor de tiempo completo del Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora. fmora@sociales.uson.mx

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Felipe Mora Arellano es profesor de tiempo completo del Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora.

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