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Niñas de cartón

POR María Elena Carrera

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Hace unos días, y de acuerdo a lo que se conoce por información de medios de comunicación local, la Policía Estatal Investigadora  actuó en contra de un hombre, mayor de edad y dueño de un negocio en pleno centro de la ciudad,  porque a decir de una denuncia anónima se corrompía a menores de edad.

Se trata de jovencitas menores de 14 años, la investigación está en pleno proceso y debido al cambio de paradigma hacia un Sistema Penal Acusatorio, en este periodo no hay acceso a las pruebas que arroje las investigaciones del caso, que están en manos del Ministerio Público y el Juez de Control;  y tratándose de menores la ley contempla un total sigilo, con relación a sus datos personales.

La verdad considero irrelevante dar cuenta sobre la identidad de las víctimas, lo que sí nos debe mover a la acción inmediata es entender cómo es posible que estos hechos de violencia sexual -hacia estas niñas- nos pase desapercibido o como se dice coloquialmente “nos hagamos de la vista gorda”.

Es importante referirnos en primer lugar a lo que está sucediendo dentro de los hogares, pues cuando se habla de la violencia intrafamiliar, que es un delito que tiene muchas aristas no sólo nos refiere a la violencia física sino también, entre otras,  a la sexual.

Definición de violencia intrafamiliar según la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia: “Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor haya tenido relación de parentesco por consanguinidad  o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho”.

Muchas menores de edad con familias violentas, se sienten desprotegidas de origen y buscan el afecto en aquellos lobos con piel de oveja.

Según la estadística delictiva que presenta en su página el Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad del Estado de Sonora, que se alimenta de las cifras que maneja la Secretaría de Seguridad Pública de enero a mayo de 2016, en nuestro Estado se han denunciado 72 violaciones y 138 abusos deshonestos.

Definición de Violencia Sexual según la citada Ley de Acceso. “Es cualquier acto que degrada o daña  el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión del abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla o concebirla como objeto”.

Un gran porcentaje de esos delitos se cometen por parte de familiares, siendo el tío, el padrastro, el abuelo las figuras que más aparecen en las encuestas de victimización. Y con relación a conocidos los victimarios son vecinos, amigos de la familia y novios los que presentan mayor incidencia. No olvidemos que aparecen también otras figuras que al ganarse la confianza de la víctima que busca afecto se han sumado al perfil del agresor: maestros y sacerdotes.

A la par de estos delitos sexuales, en nuestro código penal se contempla además: estupro,  incesto, rapto y hostigamiento sexual. Por cierto, si el agresor se casa con la víctima aún si es menor de edad, tanto en el rapto como en el estupro, no se ejerce acción penal.

Con relación al delito de trata de persona, la Ley para Prevenir y Combatir la Trata de Persona en el Estado de Sonora, contempla en su Capítulo II, la estructura de una Comisión Interinstitucional que debería estar funcionando para dar seguimiento a los avances tendentes a prevenir el posible delito en el que se incurrió en contra de estas menores de edad.

La pregunta es, ¿cuántas veces ha sesionado y cuáles son las políticas públicas que se han desarrollado desde octubre de 2015 a la fecha para prevenir y combatir la trata de persona?

Pero más allá de las leyes, los y las ciudadanas también tenemos responsabilidades, qué vamos a hacer las familias y la sociedad en su conjunto, para que este tipo de delitos en contra de nuestras niñas no se sigan cometiendo. Esperemos el desahogo de pruebas y el veredicto del juez, qué tipo de delito o delitos fueron los que se cometieron y cómo de castigará al o los culpables y finalmente, cómo se reparará el daño causado a estas menores, que hoy la sociedad ya las condena.

María Elena Carrera es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Iztapalapa; experta en temas de seguridad; coordinadora nacional y fundadora de Mujeres y Punto A.C. e integrante del Comité Ciudadano de Evaluación al Desempeño Legislativo. @MariaElenaC5

Acerca del autor

María Elena Carrera es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Iztapalapa; experta en temas de seguridad; coordinadora nacional y fundadora de Mujeres y Punto A.C. e integrante del Comité Ciudadano de Evaluación al Desempeño Legislativo.

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mariaelena.carrera@hotmail.com

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Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

COMENTARIOS

2 Comentarios

  • LETICIA Burgos dice:

    La Alerta de Violencia de Género en Sonora contra las mujeres en Sonora urge, al prevaler normas que agravian nuestros derechos humanos; como bien se señala este este caso., y la impunidad sigue ganando terreno con la vía alterna -mediación- cerrando el paso a la justicia. No se vale porque viola la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

  • Jorge Bernardo Elizondo Vázquez dice:

    Lic. María Elena.
    Excelentes comentarios sobre el gravísimo problema de violencia intrafamiliar-familiar.

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